La definición de una política de simplificación a adoptar por cualquier unidad administrativa, debe partir de la consideración de las áreas funcionales o sectores en los que resulta estratégico articular acciones que incidan significativamente en una reducción de las trabas y barreras burocráticas.

En este contexto, hay que determinar cuáles son las áreas de acción prioritaria, teniendo en cuenta que para la concreción de los objetivos de simplificación, ésta ha de partir de la atención a los requerimientos y demandas sociales, especialmente en lo que se refiere tanto a las disfunciones provocadas por la actividad administrativa como a los instrumentos y medios que posibiliten una mejora efectiva de su funcionamiento.

En esta determinación de los objetivos, hay que contar con la participación de las diferentes unidades administrativas porque, en línea con el enfoque y el impulso que el "plan de modernización" pretenda dar a estas líneas de actuación, las opciones de mejora están permanentemente abiertas, y porque en definitiva existen multitud de procesos de interrelacionan diferentes unidades y roles.

Simplificar implica mejorar la gestión pública y supone hacer más fácil y accesible la interrelación ciudadano vs. administración pública, y en esta línea se realizan las siguientes actuaciones: inventario de procedimientos, reingeniería y simplificación de trámites administrativos, reducción de documentación física y normalización de modelos.